El concesionario deberá respetar las normas sobre la organización, gestión y administración que asegure, en la medida de lo razonablemente posible, que todas las actividades del programa se lleven a cabo de una manera que sea acorde con los propósitos de la Ley y el objetivo de proporcionar ayuda eficaz, eficiente y libre de cualquier indicio de sesgo político partidista o favoritismo personal o familiar.